Desde Amani, Laicos Misioneros por el Sur, junto a REDES, CONFER, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la CEE, celebramos el anuncio el pasado 27 de enero de un proceso que camine hacia una regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en España. Una medida necesaria y justa que reconoce la aportación diaria de miles de personas que sostienen nuestra sociedad con su trabajo, a pesar de vivir en situación administrativa irregular.
Esta iniciativa nació de un amplio proceso colectivo que ha unido a más de 900 organizaciones y ha recogido más de 600.000 firmas a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Un camino de diálogo y compromiso que pone sobre la mesa una realidad incuestionable: la irregularidad administrativa genera exclusión social.
Aunque el actual Reglamento de Extranjería ha supuesto un avance, deja fuera a muchas personas especialmente vulnerables: familias con menores, personas indocumentadas, trabajadores sin posibilidad de presentar un contrato previo, solicitantes de protección internacional denegada o personas con graves dificultades de empleabilidad. Para ellas, la regularización extraordinaria es una puerta imprescindible.
Los datos lo confirman: el 68 % de las personas migrantes en situación irregular se encuentra en exclusión social y casi la mitad de las personas acompañadas por Cáritas no tiene regularizada su situación.
Por eso, celebramos la amplia aprobación de la ILP en el Congreso y seguimos creyendo que ha llegado el momento de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y fraterna, donde nadie quede condenado a la invisibilidad y nos unimos a las palabras del obispo de Mbaiki, y misionero comboniano, Jesús Ruiz Molina, que en la pasada apertura del 38ª Encuentro África afirmaba que se trata de «una buena noticia. Esto es Evangelio, venga del partido que venga. Con esto se trata de dar dignidad a las personas, y eso siempre es bienvenido».

