LMC España

Laicos Misioneros Combonianos y ONGD AMANI

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Por una economía respetuosa con las comunidades y el medio ambiente

La sociedad civil continua el largo camino en la demanda de que las empresas respeten lo obvio: los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Las misioneras y misioneros suelen ser testigos en primera línea de las consecuencias para las comunidades y el medio ambiente de los comportamientos empresariales irresponsables. Estos días se cumplen 2 años del crimen ambiental de Brumadinho, en el que la multinacional Vale provocó el colapso de una represa, ocasionando la muerte de más de 270 personas. La Iglesia camina de la mano de los familiares de estas víctimas. Esta misma Vale somete a la población de Piquiá de Baixo a un ambiente irrespirable, a depósitos de cenizas ardientes sin señalizar, como bien conocen los misioneros combonianos, laicos y religiosos, en la comunidad. Podríamos recordar a Centroáfrica, trístemente hay demasiados lugares que recordar…

Las empresas son actores fundamentales en el desarrollo de los pueblos. Son necesarias para mejorar las condiciones sus vida. Siempre que el afán de lucro sea compatible al menos con los Derechos Humanos y el respeto a la Casa Común. Hace 10 años la ONU aprobó los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH, unas directrices con recomendaciones para evitar desmanes empresariales en lugares donde las leyes son demasaido laxas. Pocas son las empresas que acatan estos principios, por lo que la sociedad civil, Iglesia incluida, viene demandando leyes, a nivel global, continental y estatal, que marquen más claramente las reglas del juego. Hoy día existen algunas legislaciones de este tipo, como la Ley francesa de Diligencia Debida (2017), que vela por que las empresas con capital francés actúen con la debida diligencia en toda su cadena de suministros: realizando estudios de impacto, consulta previa a las comunidades afectadas, disponiendo mecanismos de acceso a la justicia y reparación rápida y justa…

Esta legislatura del Parlamento Europeo afronta una magnífica oportunidad de dar un salto y aprobar una ley similar a escala europea. El comisario de Justicia impulsó en abril pasado este proyecto legislativo, que ahora se encuentra en fase de consulta pública. La sociedad civil tiene ocasión de pronunciarse. Un grupo de alianzas sindicales europeas, junto a Amigos de la Tierra y la Coalición Europea por la Justicia Corporativa han liderado la presentación de un documento para hacer ver que este asunto nos importa.

Aprovechemos esta oportunidad, adhiriéndonos a esta campaña. Es un pasito más. Este año tendremos oportunidad de seguir el avance de este proyecto legislativo y, ojalá, después vendrá el seguimiento de la aplicación de la ley. En paralelo, a nivel español, se están iniciando las conversaciones  parlamentarias para avanzar en una ley similar. El magisterio, y la actitud, del papa Francisco está suponiendo un empuje encomiable a este camino.

REDES-Red de Entidades para el Desarrollo Solidario


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V Foro regional de la ONU para América Latina y Caribe sobre Derechos Humanos y Empresas

„En nuestra comunidad pensamos el desarrollo en serio. Soñamos con vivir de la agroecología, juntos, tranquilos… lo que es el Buen Vivir… Tenemos que resistir, no abandonar el territorio, y transmitírselo a los jóvenes.“ Así se expresaba anoche Manuel, líder de la Asociación campesina del Abaucán en el taller sobre estrategias de la sociedad civil ante los impactos de las actividades extractivas en los Derechos Humanos. 

Testimonios como este resuenan con los mensajes ecuménicos durante este Tiempo de la Creación 2020 que nos invitan a restaurar la Creación a través del Jubileo de la Tierra.

Durante 4 días tiene lugar el V Foro regional de la ONU para América Latina y Caribe sobre Derechos Humanos y Empresas, un espacio de diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las comunidades locales sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos.

Los llamamientos para poner a las personas y al planeta en el centro de las respuestas a la pandemia de COVID-19, para considerar las consecuencias económicas como sociales, y para garantizar una recuperación inclusiva, responsable y sostenible han sido unánimes. En este contexto, el Foro ha explorado cómo los estándares de conducta empresarial responsable pueden contribuir a definir e implementar respuestas a la COVID-19, así como a otros desafíos mundiales como la emergencia climática, que sean sostenibles y respetuosas de los derechos humanos.

El foro de este año pretendía evaluar el progreso realizado por los gobiernos de la región en la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para fortalecer la prevención de los abusos de derechos humanos relacionados con las empresas; compartir buenas prácticas de las empresas sobre la diligencia debida para  cumplir con su responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, a fin de evitar impactos adversos en las personas y el medio ambiente y ofrecer reparaciones cuando se produzcan abusos; explorar cómo los gobiernos y las partes interesadas pueden promover el acceso a los mecanismos de reparación; concientizar sobre las preocupaciones y los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales con respecto a los efectos adversos de las actividades empresariales en los derechos humanos y el medio ambiente.

El evento fue enmarcado por Marcos Orellana, Relator de Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos. Explicó como cada año 12 millones de personas mueren a consecuencia de la contaminación ambiental. Por tanto, la gestión ambiental es de enorme importancia para que podamos disfrutar de los Derechos Humanos. „Las zonas de sacrificio ya no son un problema local, está comprometiendo la capacidad de la Tierra para regenerse, es un problema global encontrar modelos de desarrollo armonioso con la Naturaleza.“ Así se refería el relator a las comunidades de bajos ingresos que soportan más que su parte justa de los daños ambientales relacionados con la contaminación, los desechos tóxicos y la industria pesada. Las víctimas de estas comunidades no se distribuyen democráticamente, sino que se trata de las poblaciones más vulnerables: menores, indígenas, personas con menos recursos… Por su parte, las empresas irresponsables aprovechan los vacíos legales.

Junto a Manuel escuchamos la intervención de otros dos líderes locales sobre su resistencia ante la contaminación ambiental generada en sus territorios por las prácticas sostenidas de empresas irresponsables: Carmen Chambi, desde Cuzco (Perú), portavoz de la plataforma nacional de afectados por metales pesados y Wandeberg de Oliveira, desde Piquiá de Baixo (Brasil), joven líder de la comunidad de pobladores. Este útlimo caso es uno de los que conforman el informe de vulneración de DDHH en Amazonía elaborado por REPAM y presentado por Enlázate por la Justicia en España en 2019.

Ambos nos hablan de décadas de denuncias y resistencia en situaciones tremendamente desiguales. Sus modos de vida tradicionales han tenido que ser abandonados porque la contaminación diversa (aguas, aire, suelos…) en su entorno es insoportable. Sus comunidades son víctimas del „interés público“ preconizado por los estados, frente a los Derechos Humanos. La convergencia de las distintas comunidades afectadas, que saben que no están solas en sus luchas, permite mantener la esperanza frente a las maquinarias legales de las empresas irresponsables.

Estos emocionantes testimonios, tristemente conocidos y cercanos a las misioneras y misioneros de las congregaciones a las que se vinculan las entidades de REDES, nos refuerzan en el trabajo de Incidencia Política para fortalecer la legislación a nivel nacional e internacional e ir achicando esos vacíos para que las empresas se sumen a buenas prácticas de evaluación de riesgos e impactos, monitorización de los mismos en toda su cadena de suministros y, en caso de que ocurran acidentes, garantía de acceso a la reparación justa. En esta línea, los próximos 23-24 de octubre, REDES celebrará su Encuentro anual de Incidencia Política, para compartir cómo nuestras entidades socias van fortaleciendo su trabajo de incidencia desde el nivel local.

Escuhamos a las víctimas, acompañamos sus procesos propios y reforzamos las alianzas para tejer una red que las sostenga hasta lograr que puedan disfrutar de sus derechos.

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https://drive.google.com/file/d/19XVfWue6mc0_vF02mf1xM7ej_k0aMkgP/view?usp=sharing

 


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Proyecto Ciranda. Una alternativa económica a a minería

Compartimos  el trabajo que nuestro compañero Xoan Carlos Sánchez está realizando  en Açailandia (Estado de Maranhao-Brasil) acompañando comunidades afectadas por la minería. En los últimos años está participando en un consorcio latinoamericano de entidades que piden una legislación que vele por los DDHH en las explotaciones. Actualmente trabaja en diseño de modos productivos alternativos a la minería.