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Diez años después de que el Papa Francisco abriera la Puerta Santa en Bangui, la República Centroafricana ha vuelto a quedar relegada a un segundo plano en la atención internacional. Sin embargo, a la sombra de sus bosques y sabanas yacen oro, diamantes, uranio y potenciales reservas de petróleo: una inmensa riqueza que contrasta con la pobreza de gran parte de su población.

Retrocedamos en el tiempo. Como recordarán nuestros lectores, el 29 de noviembre de 2015, el Papa Francisco realizó un gesto en Bangui que, al menos por un día, pareció trastocar el panorama mundial. En la catedral de la capital, abrió la Puerta Santa del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, anticipándose a la inauguración prevista en Roma. «Hoy Bangui se convierte en la capital espiritual del mundo», dijo en una ciudad marcada por barricadas, enfrentamientos sectarios y temor. No fue solo una frase, sino la decisión de situar una periferia olvidada en el centro de la Iglesia universal.

Durante un tiempo, la atención mundial se centró en Bangui. La televisión informó sobre la guerra civil, los enfrentamientos entre las milicias Seleka y anti-Balaka, los barrios divididos y los refugiados acampados cerca del aeropuerto. Luego, la atención se desvaneció y el país volvió a sumirse en la sombra de crisis que se prolongan demasiado como para seguir acaparando titulares.

Más de una década después de aquella visita, la República Centroafricana sigue siendo una de las grandes paradojas de África. Abarca una superficie de casi 623.000 kilómetros cuadrados, algo más del doble del tamaño de Italia, y tiene una población de aproximadamente 5,5 millones de habitantes. Es un territorio vasto y escasamente poblado, surcado por ríos, cubierto de sabana y bosques tropicales, con tierras cultivables y recursos naturales que podrían garantizar una vida digna.

El oro y los diamantes se encuentran bajo tierra. En Bakouma, al sureste del país, se conoce desde hace décadas un importante yacimiento de uranio. Varias cuencas sedimentarias ofrecen potencial petrolífero, aunque el país aún no cuenta con una producción comercial real de petróleo crudo. Los diamantes se extraen a menudo de forma artesanal en las regiones occidental y suroccidental; gran parte del oro proviene de minas a pequeña escala y de redes difíciles de controlar.

Luego está la industria maderera. Aproximadamente 23 millones de hectáreas, casi el 37% del territorio del país, están cubiertas de bosques. Las maderas tropicales, muy demandadas en el mercado internacional, crecen en el sur y suroeste. Pero incluso en este sector, el valor de las exportaciones del país suele superar con creces lo que queda para las comunidades locales en forma de salarios, infraestructura y servicios públicos.

La República Centroafricana no carece de riqueza. Es un país donde la riqueza se encuentra bajo los pies de la gente, pero casi nunca es compartida por ellos.

Se prevé que para 2025 la economía crezca un 4,5 %, principalmente gracias al aumento de las exportaciones de oro y a una mayor disponibilidad de combustible. Considerada de forma aislada, esta cifra podría indicar una recuperación. Sin embargo, el Banco Mundial señala que el crecimiento no ha reducido significativamente la pobreza: la actividad minera genera escasos beneficios para el resto de la economía y sigue estando poco integrada en la vida cotidiana. Además, el actual contexto económico internacional perjudica aún más al país.

El ingreso real per cápita se mantiene en torno a los 394 dólares anuales, incluso por debajo de los niveles de la década de 1960. En 2025, aproximadamente el 67,5 % de la población vivía con menos de 3 dólares al día; en las zonas rurales, este porcentaje superaba el 78 %. Lo cierto es que las aldeas carecen de dispensarios, escuelas, agua potable y mercados que funcionen durante todo el año.

En 2023, apenas el 17,6 % de los residentes tenía acceso a la electricidad; en las zonas rurales, la cifra descendió a alrededor del 2 %. De una red vial principal de aproximadamente 25.600 kilómetros, solo 893 estaban pavimentados. En estas condiciones, la distancia entre una mina y una escuela, entre un bosque y un hospital, no es meramente geográfica: es política y social.

La riqueza está abandonando el país. Sin embargo, los servicios esenciales tienen dificultades para entrar.

La debilidad institucional, las concesiones opacas, el contrabando y la presencia de grupos armados han transformado los recursos naturales en instrumentos de poder. La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas ha detectado deficiencias en la publicación de contratos, los registros de licencias y la identificación de los verdaderos beneficiarios de las empresas. El Estado recibe poco, y las comunidades aún menos, mientras que parte del oro y los diamantes llegan a los mercados extranjeros a través de canales informales.

El resultado es una crisis humanitaria prácticamente estructural. Al momento de redactar este informe, aproximadamente 2,3 millones de personas necesitan asistencia, y casi uno de cada tres residentes padece inseguridad alimentaria grave, a pesar del potencial agrícola, la disponibilidad de agua y la baja densidad de población.

El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas sitúa al país en el puesto 191 de 193. La esperanza de vida es de aproximadamente 57 años, y el promedio de años de escolarización es de tan solo cuatro. Estas cifras reflejan no solo la pobreza material del país, sino también la pérdida de oportunidades, talento y futuro para generaciones enteras.

En los últimos años, la situación militar ha mejorado en algunas regiones. Los acuerdos con grupos rebeldes y los programas de desarme han permitido al Estado recuperar el control de varias ciudades. Sin embargo, la estabilidad sigue siendo frágil y depende en gran medida del apoyo de fuerzas extranjeras, especialmente rusas y ruandesas. Fuera de los principales centros urbanos, persisten la violencia, el desplazamiento de población y los abusos contra civiles.

Desde 2018, el gobierno de Bangui ha dependido del Grupo Wagner. Moscú desea integrar gradualmente esta presencia al Cuerpo Africano, una estructura más directamente vinculada al Ministerio de Defensa ruso, pero la transición en África Central aún no parece haberse completado. Los rusos han participado en operaciones contra los rebeldes y en la protección del aparato presidencial, combinando la asistencia militar con intereses económicos, especialmente en la minería.

La presencia ruandesa es más compleja y a menudo se malinterpreta. Dos contingentes distintos operan en el país. El primero está formado por cascos azules adscritos a la MINUSCA, la misión de las Naciones Unidas establecida en el país en 2014. Dependen de la cadena de mando de la ONU y priorizan la protección de la población civil: patrullan ciudades y carreteras, vigilan zonas sensibles, facilitan la ayuda humanitaria y apoyan los procesos de desarme, el restablecimiento de la gobernabilidad y la seguridad electoral.

Junto a ellos se encuentran soldados ruandeses desplegados en virtud de un acuerdo bilateral entre Kigali y Bangui. Estos soldados son independientes de la MINUSCA y actúan como aliados directos del gobierno centroafricano. Llegaron en gran número durante la crisis electoral de 2020 y ayudaron a defender la capital del avance rebelde. Posteriormente, prestaron servicio como oficiales de guarnición, apoyo operativo e instrucción para el ejército local: en 2023, instructores ruandeses entrenaron a 512 nuevos soldados centroafricanos.

La diferencia es sustancial. Soldados de la misma nacionalidad, presentes en el mismo país, responden ante distintas autoridades: algunos operan bajo un mandato internacional, otros bajo un acuerdo entre gobiernos. Se supone que los primeros deben mantener una posición imparcial y proteger a la población; los segundos apoyan directamente al poder en Bangui. Esta superposición, sumada a la presencia rusa, ha contribuido a evitar el colapso del Estado, pero dificulta determinar quién toma las decisiones y quién es responsable de los abusos.

El panorama político también plantea interrogantes. Las elecciones del 28 de diciembre de 2025 otorgaron al presidente Faustin-Archange Touadéra un tercer mandato, que posteriormente fue ratificado por el Tribunal Constitucional. Su candidatura fue posible gracias a la reforma constitucional de 2023, que abolió el límite de dos mandatos y amplió la duración del mandato presidencial a siete años. La oposición impugnó el resultado y alegó irregularidades.

En este infierno de dolor, donde la población civil exhausta paga el precio más alto, la Iglesia Católica sigue desempeñando un papel vital. Parroquias, misiones y diócesis mantienen escuelas, centros de salud y redes de asistencia, a menudo en regiones donde el Estado está prácticamente ausente. En el sureste, donde la violencia renovada ha desplazado a decenas de miles de personas, las comunidades eclesiales se han mantenido cerca de la población, procurando garantizar protección, atención y diálogo.

La República Centroafricana podría considerarse un paraíso terrenal, pero solo si esta expresión no se reduce a una mera imagen idílica. Un posible paraíso no consiste en diamantes, uranio o petróleo ocultos bajo tierra. Consiste en la posibilidad de que una tierra tan vasta, fértil y rica pueda alimentar, educar y cuidar a sus hijos.

La pobreza en África Central no es una consecuencia natural. Es el resultado de décadas de inestabilidad, administraciones débiles, intereses extranjeros, explotación inescrupulosa de recursos y abandono internacional. El verdadero escándalo no radica en la escasez, sino en la abundancia que posee y en que casi nada de esa riqueza se destina al bien común. África Central, por lo tanto, no es un paraíso perdido, sino un paraíso negado. Una cosa es segura: cuando el Papa Francisco abrió la Puerta Santa en Bangui, quiso recordarnos que ninguna periferia está lejos de la mirada de Dios. Y la presencia de misioneros en este país es una contundente confirmación de ello.

Padre Giulio Albanese – L’Osservatore Romano