La preocupación pastoral de la Iglesia latinoamericana por proteger los derechos de las comunidades indígenas y la sostenibilidad de los espacios naturales  dio el pasado 19 de marzo en Washington DC un paso de gran trascendencia a la hora de alzar la voz ante los impactos de la industria extractiva en la Amazonia.

Ese día, en el marco de la audiencia pública 154 del período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en la capital federal de los Estados Unidos, donde tiene su sede, una delegación de la Iglesia latinoamericana, integrada por representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM), expuso ante la Comisión las consecuencias de esas actividades de extracción de recursos naturales en la región amazónica.

Violaciones de derechos humanos y agresiones medioambientales

Durante la sesión, los miembros de la citada delegación entregaron a la Comisión un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas.

Además de indicar que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas, en el informe se denuncian también como prácticas usuales de esas empresas la criminalización de los defensores de los derechos humanos y los graves efectos que dichas explotaciones suponen para la salud, integridad y vida de las poblaciones autóctonas, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

Imperativo ético universal

En su intervención, Mauricio López recalcó la presencia profunda de la Iglesia en la Amazonia y los retos que esa región plantea de cara al futuro. «El desafío es descomunal -señaló- y supone un imperativo ético universal que nos implica a todos, que inicia con un cambio radical de corazón y de actitud, y que es también una búsqueda de la Iglesia. Es imperativa la demanda del mejoramiento de las condiciones de vida para los más vulnerables: pueblos en aislamiento voluntario, pueblos amazónicos y futuras generaciones».

«La iglesia  pide perdón por los tropiezos, pero reconoce la esperanza de su presencia, una presencia comprometida, encarnada, itinerante, con proyección de futuro. Los rostros concretos nos hablan de una manera distinta de ver la vida».

En la audiencia ante la CIDH se presentaron cinco casos emblemáticos: Brasil, Honduras y México, sobre minería, y los casos Yasuní de Ecuador y de Amazonas, y de Loreto en Perú sobre el impacto de la extracción petrolífera.

Propuestas

Al finalizar la comparecencia, la delegación formuló diversas propuestas a la CIDH, entre las que cabe destacar:

– La creación de un canal permanente de cooperación.

– Impulsar una formación sobre parámetros internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas y no indígenas para agentes pastorales, líderes sociales y pueblos vulnerables.

– Realizar una relatoría anual sobre amenazas y agresiones sufridas por agentes pastorales de la Iglesia católica y líderes sociales para velar por el compromiso de los estados en materia de DDHH y pueblos indígenas.

– Asumir la corresponsabilidad internacional sobre la naturaleza y el respeto de derechos humanos, de pueblos indígenas y no indígenas, y la reparación a las víctimas y por daños ambientales por las consecuencias de las industrias extractivas.

– No criminalizar las manifestaciones sociales generadas por conflictos socio-ambientales.

– Buscar salidas pacíficas y justas con relación a la cultura y la naturaleza.

Finalmente, se destacó la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América latina que sea sostenible, en donde se armonicen el desarrollo económico, los derechos humanos y el medio ambiente.