Tras la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt presidió el comité que redactó el borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexionando sobre el reto que supondría la aplicación de sus disposiciones, dijo:

«¿Dónde, después de todo, comienzan los derechos humanos? En lugares pequeños, cerca de casa, tan cercanos y tan pequeños que no pueden observarse sobre ningún mapa del mundo. Aún así, son el mundo de cada persona; el vecindario en el que ella vive; la escuela o la universidad a la que asiste; la fábrica, finca u oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde un hombre, una mujer y un niño buscan la justicia, la igualdad de oportunidades, la dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan significado en estos lugares, perderán significado en cualquier otro contexto. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos cerca de casa, nuestra búsqueda de progreso en el resto del mundo será en vano”.

La declaración de Eleanor Roosevelt capta el desafío que supone garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas de Nigeria. Los logros en la igualdad de género y en los derechos de las mujeres difieren dependiendo del lugar de Nigeria en el que vive una niña, de los servicios a los que puede acceder en su aldea, pueblo o ciudad, los valores que suscriben su familia y su comunidad, y los recursos que tenga a su disposición. Esto es así porque en un país donde la mayoría de la población vive en la pobreza y donde el Estado no ha sido capaz de ofrecer una red integral de servicios esenciales, es a nivel individual donde se accede a los derechos o donde estos son denegados.

Así que, mientras en Nigeria se afirma en todas partes que las niñas tienen derecho a la educación, hay 10 millones de niños y niñas que no van al colegio. La mayor parte de las familias puede que quieran enviar a sus hijas al colegio, pero muchas están limitadas por los costes financieros y de oportunidad. En los hogares en que se han superado dichas limitaciones, las niñas no solo van a la universidad, sino que incluso pueden hacer cursos de posgrado. Estas mujeres y niñas reclaman sus derechos cuando enviudan o se divorcian o son víctimas de la violencia doméstica y se enfrentan cara a cara con los conceptos patriarcales de herencia, compensaciones o derechos del marido. Su formación y redes de relaciones les dan una capacidad mayor de luchar por sus derechos y, a pesar de los fallos del sistema, cada vez son más las que salen victoriosas del combate.

Pero para la mayoría, en gran parte mujeres pobres, analfabetas y aisladas, la realidad no es tan optimista. Para ellas, los factores culturales o religiosos conservadores limitan sus recursos y vulneran sus derechos.

Un estudio llevado a cabo por el British Council en Nigeria puso en evidencia que el 4% de las niñas del noreste y noroeste del país van a la universidad. A la mayoría se las saca del sistema educativo mientras cursan estudios superiores para casarlas y que sean madres en el primer año de matrimonio. El mismo estudio descubrió enormes diferencias en la mortalidad materna entre el norte y el sur. Mientras en el suroeste el ratio de mortalidad materna era de 165 mujeres fallecidas por cada 100.000 nacimientos, en el noreste ascendía a 1.549 mujeres por cada 100.000 nacimientos. La mortalidad materna va de la mano de la educación. Las que completan la escuela secundaria son más propensas a buscar cuidados prenatales y a dar a luz a sus bebés en centros de atención primaria de salud, mientras que aquellas niñas con menos educación tienden a recurrir a las parteras tradicionales, quienes pueden no ser capaces de manejar posibles complicaciones durante el parto.

Pero algunos de los desafíos se dan a nivel nacional. Cuando la doctora Oby Ezekwesili fue nombrada ministra federal de educación en 2008, recorrió el país para hablar con los estudiantes. Más tarde dijo que la primera queja de las estudiantes era el acoso sexual, aunque pocas universidades tienen la voluntad de abordar este asunto.

Licenciarse en la universidad no significa necesariamente que el acoso termine. Abundan las historias de acoso sexual en la contratación y en la promoción del personal femenino en el centro de trabajo. Dada la dificultad de asegurase un empleo «de oficina», las mujeres no siempre denuncian. De los seis millones de licenciados universitarios que entran en el mercado de trabajo cada año, solo el 10% consigue un empleo en la economía formal. De ese 10%, solo un 30% son mujeres. En la industria manufacturera, algunos sectores tienen como política no contratar mujeres en absoluto. La escasez de empleos dignos fomenta el silencio entre las mujeres afectadas por el acoso.

La religión desempeña un importante papel tanto en el norte como en el sur. Se entiende que el hombre es el cabeza de familia y a la «buena» esposa se la ve, pero no se la oye. Sin embargo, es necesario que se escuche la voz de las mujeres para desafiar las injusticias. A pesar de que hay un creciente número y proporción de mujeres que son cabeza de familia, los regímenes fiscales y los niveles salariales aún favorecen al hombre. Los cambios en la legislación y la política se dan lentamente, entre otras razones porque Nigeria se encuentra entre los países con un índice más bajo en términos de representación política de las mujeres. Con un 8% de representación femenina en la Asamblea Nacional, abordar los asuntos que conciernen a mujeres y niñas –incluyendo temas aparentemente simples como la edad apropiada para que las niñas contraigan matrimonio–, puede ser una ardua tarea.

Los logros en materia de violencia de género se han dado más en aquellos estados que se han visto presionados por el activismo de la sociedad civil y una ciudadanía indignada por casos de violencia doméstica de alto perfil. El estado más poblado del país, Lagos, y algunos otros, han aprobado la Ley contra la Violencia Doméstica, que ofrece protección a mujeres y niñas en el contexto del hogar. Algunos estados también han comenzado a considerar la Ley sobre Género e Igualdad de Oportunidades, como el estado de Ekiti, que ha allanado el camino al haber elevado la propuesta a ley.

El siguiente paso es formar una coalición de ONG, sociedad civil y sector privado que impulse una representación política equitativa de las mujeres a nivel de los gobiernos locales para las elecciones de 2017. Este avance hacia la presencia de las mujeres en el gobierno local podría transformar la realidad de las niñas y de las mujeres sin recursos.

Una de las grandes amenazas en Nigeria es Boko Haram. El grupo armado secuestró a 276 niñas en Chibok en abril de 2014. Todavía siguen retenidas. En imagen una manifestación pidiendo su puesta en libertad inmediata. © Pius Utomi Ekpei

Sin embargo, una de las grandes amenazas es Boko Haram, un grupo armado que opera sobre todo en el noreste de Nigeria y que intenta obligar a la gente a practicar una versión distorsionada del Islam. Desde 2009, ha participado en actos violentos en los estados de Borno, Adamawa y Yobe, con el resultado de 13.000 muertos y 1,5 millones de desplazados internos y refugiados en Níger, Camerún y Chad. La atención internacional se fijó en el grupo cuando en abril de 2014 abdujo a 276 niñas en Chibok, una comunidad rural en el estado de Borno. Cuando fueron secuestradas, las niñas se estaban preparando para los exámenes de acceso a la universidad. Casi un año después, las niñas no han sido aún ni liberadas ni rescatadas. Sin embargo, fueron las mujeres de Borno las que levantaron la alarma inicial, que hizo que todo el mundo se uniera en una campaña para exigir el rescate de las niñas.

En conclusión, volvamos a la pregunta de Eleanor Roosevelt: «¿dónde comienzan los derechos humanos?». De nuestra experiencia en Nigeria, parece que comienzan no solo en sitios pequeños, sino en el sitio más pequeño: en el corazón de cada niña, niño, mujer y hombre. Para que la noción de derechos eche raíz en el corazón de una persona, esa niña o mujer tiene que levantarse y reclamarlos, lo que inspirará a otras personas a presionar por una mayor igualdad de género. No hay un derecho que esté separado de quien lo reclama, de quien luchará por él y lo protegerá. Y es en este aspecto donde Nigeria ha conseguido más en los últimos años.

Es donde las niñas se resisten a contraer matrimonio forzoso para poder continuar con sus estudios; donde las hermanas demandan a sus hermanos por un justo reparto de la herencia de su padre o un título sobre unas tierras; y donde las mujeres encuentran organizaciones que defienden sus derechos, ocupan cargos públicos o altos puestos ejecutivos. Cada uno de nosotros y nosotras reconocemos que si no nos defendemos, seremos forzados a aceptar un mundo que no es capaz de satisfacer nuestras necesidades. En las comunidades donde aún se cuestionan conceptos como los derechos de las mujeres y la igualdad de género, las mujeres y las niñas que exigen esos derechos y que pagan por garantizarlos, cambian nuestra realidad.

La preocupación pastoral de la Iglesia latinoamericana por proteger los derechos de las comunidades indígenas y la sostenibilidad de los espacios naturales  dio el pasado 19 de marzo en Washington DC un paso de gran trascendencia a la hora de alzar la voz ante los impactos de la industria extractiva en la Amazonia.

Ese día, en el marco de la audiencia pública 154 del período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en la capital federal de los Estados Unidos, donde tiene su sede, una delegación de la Iglesia latinoamericana, integrada por representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM), expuso ante la Comisión las consecuencias de esas actividades de extracción de recursos naturales en la región amazónica.

Violaciones de derechos humanos y agresiones medioambientales

Durante la sesión, los miembros de la citada delegación entregaron a la Comisión un informe donde se incluyen casos en los que la Iglesia ha tenido un papel relevante ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas extractivas.

Además de indicar que muchos Estados de la región permanecen indiferentes a estas prácticas, en el informe se denuncian también como prácticas usuales de esas empresas la criminalización de los defensores de los derechos humanos y los graves efectos que dichas explotaciones suponen para la salud, integridad y vida de las poblaciones autóctonas, especialmente de comunidades indígenas y campesinas.

Imperativo ético universal

En su intervención, Mauricio López recalcó la presencia profunda de la Iglesia en la Amazonia y los retos que esa región plantea de cara al futuro. «El desafío es descomunal -señaló- y supone un imperativo ético universal que nos implica a todos, que inicia con un cambio radical de corazón y de actitud, y que es también una búsqueda de la Iglesia. Es imperativa la demanda del mejoramiento de las condiciones de vida para los más vulnerables: pueblos en aislamiento voluntario, pueblos amazónicos y futuras generaciones».

«La iglesia  pide perdón por los tropiezos, pero reconoce la esperanza de su presencia, una presencia comprometida, encarnada, itinerante, con proyección de futuro. Los rostros concretos nos hablan de una manera distinta de ver la vida».

En la audiencia ante la CIDH se presentaron cinco casos emblemáticos: Brasil, Honduras y México, sobre minería, y los casos Yasuní de Ecuador y de Amazonas, y de Loreto en Perú sobre el impacto de la extracción petrolífera.

Propuestas

Al finalizar la comparecencia, la delegación formuló diversas propuestas a la CIDH, entre las que cabe destacar:

– La creación de un canal permanente de cooperación.

– Impulsar una formación sobre parámetros internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas y no indígenas para agentes pastorales, líderes sociales y pueblos vulnerables.

– Realizar una relatoría anual sobre amenazas y agresiones sufridas por agentes pastorales de la Iglesia católica y líderes sociales para velar por el compromiso de los estados en materia de DDHH y pueblos indígenas.

– Asumir la corresponsabilidad internacional sobre la naturaleza y el respeto de derechos humanos, de pueblos indígenas y no indígenas, y la reparación a las víctimas y por daños ambientales por las consecuencias de las industrias extractivas.

– No criminalizar las manifestaciones sociales generadas por conflictos socio-ambientales.

– Buscar salidas pacíficas y justas con relación a la cultura y la naturaleza.

Finalmente, se destacó la necesidad de adoptar un modelo de desarrollo en América latina que sea sostenible, en donde se armonicen el desarrollo económico, los derechos humanos y el medio ambiente.