En ciencias sociales se entiende la exclusión social como una situación de desventaja que dificulta la integración de una persona o colectivo en algunos sistemas de funcionamiento social. Varios sindicatos y entidades sociales alertan de que una de las vertientes, y causa, de esta lacra es la exclusión financiera, que también preocupa severamente a las entidades de finanzas éticas. En este sentido, incluso el propio Banco Mundial explica que, en las últimas décadas, además de ONG u otras instituciones de desarrollo comunitario, “las cooperativas han ofrecido servicios financieros que han supuesto nuevas oportunidades a personas excluidas de este sistema”.

Los datos más impactantes se ven a nivel mundial. Según el Banco Mundial, hay 2.000 millones de personas, es decir el 38% de los adultos de todo el mundo, que no utilizan servicios financieros formales. Alerta de que ello se debe a menudo “a las distancias de viaje y a los requisitos, complejos, que hay que cumplir para poder abrir una cuenta”. En una publicación, la entidad argumenta que “a pesar de que las personas pobres puedan tener más problemas para acceder a servicios financieros, su necesidad de obtenerlos podría ser superior a la de personas con más recursos”, ya que el acceso a la financiación podría “empoderar a las mujeres, y aumentar el consumo, las inversiones productivas, los ingresos y la productividad”.

El Banco Mundial deja caer un dato definitivo. El 20% de los adultos más ricos en países en desarrollo tiene el doble de probabilidades que el 20% más pobre de tener acceso a una cuenta corriente. La exclusión social se da con datos más flagrantes a nivel mundial, y en especial en los países del Sur, pero también existe aunque de forma más moderada, en los países del llamado primer mundo.

Exclusión financiera en los países desarrollados

El catedrático de economía Joan Ramon Sanchis explica que con la reestructuración bancaria se han cerrado cerca de 10.000 oficinas, lo que ha propiciado el despido de unas 42.000 personas, “con el objetivo de eficiencia y productividad”. Se queja de que no se ha producido una verdadera reforma bancaria, sino que se han eliminado la mayoría de entidades del antiguo sistema de cajas en beneficio del tamaño y volumen de negocio de los bancos, que se han visto beneficiados. Esto provoca que se primen criterios de productividad, ante la función social, y “ha dejado una parte de la población, generalmente la más vulnerable, sin acceso a servicios financieros”. Así lo corrobora un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros: desde 2012 se han cerrado un 23% de las sucursales bancarias.

Sanchis concluye que “esta vocación de servicio común e inversión en proyectos sociales ahora se encuentra en las entidades de finanzas éticas y cooperativas”.

El resultado de ello son 2,6 millones de personas en exclusión financiera en el Estado español y 12,1 millones de sub-atendidos, según un estudio elaborado por Mastercard, frente a un total de 93 millones de personas en esta situación en toda Europa Occidental. La exclusión financiera se da en varias facetas, una de las más relevantes es por motivos económicos, ya que un 40% de este grupo social no ha recibido ningún tipo de remuneración o ayuda en los últimos tres meses, y la mayoría de personas en exclusión financiera son mujeres (un 55%).

Por otra parte, se da la exclusión geográfica. Desde el estallido de la crisis hasta 2012, habían aumentado en 81.282 las personas que vivían en municipios donde no existía ninguna oficina bancaria, 16.000 de ellas en la provincia de Barcelona. Según un estudio de la Universidad de Salamanca, un 40% de los municipios del Estado español no cuenta con ninguna oficina bancaria, lo que contrasta con el escenario previo a la crisis. Entonces, España era el país con más sucursales por habitante y con una bancarización más alta, del 97’7%.

La exclusión financiera genera preocupación en las entidades de finanzas éticas, que se centran en combatirla a través de sus líneas de inversión, pero también a través de actividades educativas y de sensibilización en todas sus facetas. Tanto las mejoras tecnológicas de los últimos años en el acceso a servicios financieros, como las microfinanzas o las finanzas éticas y cooperativas de ámbito más local, contribuyen de una forma importante a la lucha contra la exclusión social y financiera, tanto en nuestro país como en países en vías de desarrollo. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer, y también habría que preguntarse si todos los tipos de servicios financieros y bancarios generan inclusión social o no.