África necesita medidas de adaptación en el acuerdo climático

Hasta el 12 de diciembre, se celebra en Perú una nueva Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas como parte del camino preparatorio hacia el encuentro de 2015 en París. Entonces, la comunidad internacional deberá adoptar un nuevo compromiso vinculante que sustituya el protocolo de Kioto a partir de 2020.
El encuentro de Lima se produce en un momento de moderado optimismo después de que Estados Unidos, China y Europa, hayan anunciado compromisos para reducir sus emisiones más rápidamente de lo que habían dicho anteriormente.
Sin embargo, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático de la ONU ha constatado la necesidad de una acción urgente para evitar daños e irreversibles. El documento, que señala a la acción humana como elemento inequívoco en el cambio climático, afirma que es indispensable limitar el aumento de la temperatura a dos grados centígrados para 2100, lo que supondrá hacer recortes de emisiones sustanciales y sostenidos durante las próximas décadas. El informe habla de reducciones de entre el 40 y el 70% hasta mediados de siglo y lograr acercarse a un valor próximo a cero a finales de siglo.
En este contexto de subidas de temperaturas garantizadas, el Grupo Africano en la Conferencia sobre el Cambio Climático insiste en los riesgos que supone para el continente esta subida de dos grados centígrados, un escenario de mínimos que se considera inevitable.
“El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha demostrado que el calentamiento de dos grados centígrados significa que se necesitan medidas sustanciales de adaptación en África si queremos garantizar la seguridad alimentaria y favorecer un desarrollo sostenible”, dijo Xolisa Ngwadla, principal negociador africano en el nuevo acuerdo legal.
Por ese motivo, el papel del grupo africano, –que no deja de recordar que el continente solo contribuye a un 3% de las emisiones que generan el cambio climático, aunque sufra sus mayores consecuencias–, se centra en que el acuerdo contemple, –además de la reducción de las emisiones–, la transferencia de recursos, financieros y tecnológicos, para que puedan adaptarse los lugares que sufren los mayores efectos del cambio climático.
“Las recientes promesas del Fondo Verde para el Clima son un pequeño primer paso, pero la financiación de 2.400 millones de dólares anuales no se acercan a la necesidad real. Está muy lejos de los 100.000 millones de dólares prometidos para 2020.”, dijo Seyni Nafo, portavoz del Grupo Africano.

 

fuente: Mundo Negro Digital

La Iglesia pide la «retirada inmediata» de la reforma que legaliza las devoluciones en caliente

 Tres inmigrantes subsaharianos permanecen encaramados en lo alto de la valla de Melilla cuatro horas después de registrarse un intento de entrada masiva en la zona cercana al paso fronterizo de Barrio Chino/ Efe

El Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones (Conferencia Episcopal) ha emitido un comunicado junto a Cáritas, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos Españoles (CONFER) en el que exige la «retirada inmediata» de la reforma de la Ley de Extranjería que legalizará la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

Las entidades de la Iglesia expresan su «enérgico rechazo» de esta iniciativa introducida «a última hora» en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que, tal y como explican, «pretende legitimar las expulsiones sumarias» en la frontera sur y «criminaliza la pobreza y la movilización social». La iniciativa fue aprobada en el dictamen de la ponencia la semana pasada y llegará al pleno en los próximos días.

Para estas entidades, «la aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de ‘frontera’ sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes», preocupación que, recuerdan, comparten la Comisión Europea y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

 «Entendemos que viola derechos humanos, da cobertura legal a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y no va a aportar soluciones a ninguna de las causas por las que las personas migrantes abandonan sus países de origen para, tras un arduo camino, llegar ante las fronteras de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas», dice la Iglesia.

Según detallan, las expulsiones sumarias vulneran además de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos; normativa como la directiva de Retorno o el Código de Fronteras Schengen, que establecen la obligatoriedad de una resolución motivada para la denegación de entrada en la que se indiquen los motivos exactos de la misma, así como el derecho a recurrir dicha resolución de forma informada y asesorada.

Hay alternativas

Por otra parte, recuerdan que la Ley Orgánica de Extranjería «ya cuenta con procedimientos legales para abordar los casos de entradas irregulares en España por puestos no habilitados y que conllevan una serie de garantías para las personas migrantes, como son la asistencia letrada, el derecho a intérprete» y, «aunque insuficiente, la posibilidad de solicitar asilo y refugio e identificar potenciales víctimas de trata».

«Como ha señalado la Comisión Episcopal de Migraciones en el VII Congreso de Migraciones en el Vaticano, y ha afirmado recientemente el Papa Francisco ante el Parlamento Europeo, ‘Europa será capaz de hacer frente a las problemáticas asociadas a la inmigración si es capaz de proponer con claridad su propia identidad cultural y poner en práctica legislaciones adecuadas que permitan tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes'», destaca la Iglesia.

Por todo ello, solicitan que se retire la disposición adicional «y se busque un consenso político en materia de inmigración». «España debe liderar ese proceso y hacer ver a la Unión Europea que las vallas de Ceuta y Melilla son sólo la consecuencia de una política migratoria europea desenfocada», afirman.

Además, piden «diálogo para buscar vías de acceso regulares para quienes no las encuentran nunca y no se vean empujados a dar un salto desesperado» y «solidaridad con quienes buscan la protección del asilo y el refugio huyendo de conflictos, persecuciones y los efectos de una política de cooperación internacional centrada exclusivamente en un modelo económico de crecimiento que propicia el descarte y la expulsión de los ciudadanos de sus países de origen».

fuente: ElDIARIO.es

Un premio para visibilizar la violencia sexual como arma de guerra

El ginecólogo congoleño, Denis Mukwege, recibió le pasado 26 de noviembre en Estrasburgo el Premio Sájarov 2014 del Parlamento Europeo.
Mukwege, de 59 años, lleva un cuarto de siglo trabajando en le región de Kivu (República Democrática de Congo), donde se ha especializado en la atención a mujeres víctimas de la violencia sexual. A lo largo de este tiempo y de las interminables jornadas de trabajo que realiza –dedica 18 horas diarias a su tarea– ha atendido a más de 40.000 personas.
El doctor Mukwege, escandalizado por el uso que hacen los grupos armados de los cuerpos de las mujeres y de la escasa atención que dedican Gobierno y comunidad internacional a solucionar el problema, ha denunciado estos crímenes poniendo en riesgo su vida. De hecho, ha sufrido represalias que incluyen un ataque en su propia casa en el que sus hijas fueron secuestradas y su guardaespaldas asesinado. Mukwege huyó a Europa pero regresó poco después tras la colecta de un grupo de mujeres –que viven con menos de un dólar al día– para que volviera a su país.
“Empecé a preguntarme qué estaba pasando. No se trataba tan solo de actos violentos de guerra, sino que era parte de una estrategia. Se violaba a varias personas al mismo tiempo, públicamente, en una noche podía violarse a toda la aldea. Con ello no solo hacían daño a las víctimas, sino a toda la comunidad, a la que obligaban a observar la escena. El resultado de esta estrategia es que las personas se veían obligadas a huir de sus pueblos, abandonar sus campos, sus recursos… todo”, declaró el médico a BBC.
El hospital en el que trabaja Mukwege no solo trata lo físico sino que también facilita atención psicológica a las víctimas y las y ayuda para que desarrollen sus habilidades laborales. En el caso de las niñas facilita su regreso a la escuela. También presta asesoramiento jurídico a las víctimas, según se indica en la web del Parlamento Europeo.
Un estudio de 2011 del American Journal of Public Health calcula que 400.000 mujeres de entre 15 y 49 años fueron violadas en solo un año, a mediados de la década pasada, en el país africano. “¡Quién sabe si estas cifras son correctas! Muchas no hablan de lo que les ocurrió porque están avergonzadas, o tardan en acudir al hospital. Lo que sí sé es que no deberíamos guiarnos por los números. Basta con que una sola mujer haya sido violada para actuar. Esto es lo que quiero que el mundo entienda”, afirma Mukwege, según escribe María Sosa Troya en El País.
El Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia fue creado en 1985 por el Parlamento Europeo para homenajear a personas u organizaciones dedicados a defender los derechos humanos y las libertades. Los candidatos son nominados por eurodiputados. El ganador recibe 50.000 euros que le facilitan proseguir con su trabajo. Entre los galardonados figuran Nelson Mandela, las Madres de la Plaza de Mayo, la asociación ¡Basta Ya! o Malala Yousafzai.

fuente: http://www.mundonegro.com/mnd/

El pueblo Maya y el acaparamiento de tierras

P. Gian Paolo Pezzi, misionero comboniano, ha dirigido del 2 al 12 de octubre dos seminarios sobre el problema de las tierras en Guatemala, específicamente en la Parroquia de San Luis, departamento del Petén, en la famosa región del Tikal Maya. En el primero, en lengua Q’eqchi’ –que ha requerido una preparación previa de algunos días para la traducción– han participado 140 líderes indígenas; en el segundo, en español, estuvieron presentes 80 líderes campesinos, quienes son comúnmente conocidos como «castellanos», ya que hablan español.

 Los dos seminarios hacen parte de un programa piloto para la preparación de un curso de 25 módulos que, con el patrocinio de VIVAT International, está organizando el equipo de Justicia y Paz de la provincia comboniana de Norteamérica, y que se prevé esté disponible en línea en los próximos meses.

La experiencia en el Petén guatemalteco ha aportado dos contribuciones específicas a la iniciativa. Ha puesto en evidencia, ante todo, la variedad de situaciones que pueden presentarse cuando está en juego el grave fenómeno del acaparamiento de tierras y, también la gran sensibilidad hacia la naturaleza del pueblo maya. Para comprender la problemática propia del Petén en el sector de las tierras, hay que volver un poco atrás. En un territorio de unos 108.000 km2 –la extensión total de Guatemala– el departamento de Petén ocupa una tercera parte, unos 37.000 km2, con una población que no alcanza los 800.000 habitantes, una mínima parte de los 16-20 millones de habitantes del País. Los datos son inseguros. La misma prensa local a menudo se queja por la falta de un censo reciente; parece que el último fue en el año 2002.

La visita en el Tikal ha sido la oportunidad para descubrir hechos sorprendentes. En el período de esplendor del dominio maya –llamado clásico– la ciudad de Tikal tenía 150.000 habitantes, con decenas, o incluso centenares, de templos, pirámides, altares rituales construidos con materiales locales: la pirámide más alta es un conjunto compacto de 76 m. La extracción masiva y la necesidad de obtener espacios para los cultivos de alimentos llevaron a una destrucción imprevista de la selva de los alrededores. El maíz, que era y es el elemento básico de la alimentación maya, necesita mucha agua. La deforestación causó una grave disminución progresiva de las lluvias, única fuente de agua potable y de irrigación, a dicho fenómeno climático la mentalidad religiosa del pueblo maya no supo responder más que con la construcción de otros templos o altares votivos al dios de la lluvia: la necesidad de más material, y la consiguiente destrucción de otro bosque injertaron un círculo vicioso que causó “un período de aproximadamente 30 años de sequía”. Poco a poco, empezando por los ricos y nobles con su personal, seguidos de cerca por los sacerdote con sus siervos, la ciudad fue abandonada. Al final se fueron incluso los pobres, pero no antes de haber ritualmente decapitados el dios de las lluvias, como demuestra el bajorrelieve del último altar construido. La ciudad del Tikal fue reabsorbida por la selva –sólo las fotos satelitales llevaron a su descubrimiento– y en la zona del Petén permaneció sólo una minoría Maya Mopán, los últimos entre los últimos.

 La sobrepoblación de la capital Ciudad de Guatemala –actualmente se habla de unos 7-8 millones– y de la región occidental del País, indujo el gobierno de turno a promover la repoblación de inmensa región del Petén. Los Q’eqchis’ –que representaban la clase social de los sirvientes, de los esclavos y de los pobres en Tikal y desde siempre campesinos– respondieron de forma masiva: he encontrado a muchas familias que llegaron aquí hace 25-30 años saliendo numerosas desde una misma aldea. En el Petén compraron a precios muy baratos lotes consistentes de tierra fértil. Tan solo en la parroquia de San Luis se encuentran 180 comunidades rurales, pueblitos y aldeas de 20-30 familias, además de centros más densamente poblados; todos han nacido a partir del fenómeno de la migración interna.

Esta es la base histórica de uno de los fenómenos graves que están ocurriendo en el Petén: la compraventa de terrenos. Los campesinos, atraídos por el dinero aceptan vender, a los nuevos ganaderos y latifundistas, sus terrenos a un precio de 20-30 y hasta 40 veces superior con respecto al que invirtieron en la compra, malgastan en poco tiempo este dinero y muy pronto se encuentran en la miseria. Es un gran dolor escuchar a los campesinos que quedan fieles a su tierra y su trabajo y que se encuentran siempre más rodeados por latifundistas, que les cierran el espacio o el acceso al agua para convencerlos a vender los lotes que cruzan las grandes extensiones de tierra destinadas al ganado y a los productos de exportación para la ciudad y el extranjero.

De cualquier forma la cultura maya ha quedado en el horizonte imaginario de los Q’eqchis’ y de los Mopanes, y también ha entrado en la cultura de los llamados «castellanos». Es una idea equivocada pensar que los mayas hayan desaparecido en la selva. El imperio maya del Tikal declinó y terminó mal –como terminaron los dominios de Babilonia y de Roma, de Grecia y de los Asirios, de París y de Londres como capitales de imperios– pero no los mayas y ni siquiera la cultura maya que vive en los distintos 22 grupos étnicos mayas y que se revela en su interés por el respeto y el «bien» de la Madre Tierra. Después de cada sesión había un sinnúmero de preguntas sobre cómo enfrentar, en la selva y en las aldeas, el problema de la basura, de la contaminación del agua, del aire y del suelo, sobre cómo eliminar los recipientes de plástico sin quemarlos para no contaminar la atmósfera y el aceite quemado sin derramarlo en el suelo y en los ríos. Un vistazo a las decisiones que se han tomado al terminar los seminarios, contestando a tres preguntas, revela estas preocupaciones.

Qué se propone. Proponemos que se forme un comité que desarrolle un Plan de acción articulado en una Visión de la Vida y en una Misión que hay que realizar; en los objetivos que hay que alcanzar y en las estrategias que hay que usar para detener la venta ulterior de tierras. Este comité tiene que convertirse en la expresión de una Asociación de las comunidades indígenas Mayas Q’eqchi» y Mopán.

Qué se pide. Pedimos que los cristianos se formen para el ministerio eclesial de la justicia social, involucrando las otras confesiones religiosas, los organismos estatales y las organizaciones que luchan por la defensa de la vida y de la naturaleza. Se tiene que hablar y sensibilizar la gente para estos temas, trabajar para lograr el consenso y luchar juntos para impedir la pérdida ulterior de tierras; podría ser escribiendo una carta abierta a todas las comunidades –mejor si la firma el obispo– exhortando a no vender las tierras y proponiendo iniciativas simples para limpiar las zancas y los caminos de la basuras, plantar árboles, promover la solidaridad entre todos y sensibilizar las comunidades sobre el problema de la contaminación del agua. La Parroquia debe convertirse en promotora de estas iniciativas y otras más.

Qué me comprometo a hacer. Me comprometo a proteger lo que tengo y la naturaleza y a invitar a los demás para que hagan lo mismo; a plantar y proteger los árboles; a buscar y obtener las leyes que prohíben cortar los árboles, que limitan y regulan la venta de tierras y a hacerlas conocer.

La participación y la determinación de estos grupos de líderes indígenas y campesinos ha sido la mejor confirmación de la intuición que nos ha impulsado a promover esta formación: los únicos que tienen el derecho y la fuerza de levantar constantemente su voz contra estas injusticias, por ser sus víctimas, son los campesinos, los pequeños agricultores y los mismos pueblos indígenas.